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En los Tribunales de Gral. Pico

2005-04-21
El STJ le anuló cinco sentencias Entre 2002 y 2003 la sala penal del Superior Tribunal de Justicia anuló cinco sentencias de la Cámara en lo Criminal de General Pico, en un hecho que fue considerado "grave" e "inusual" por fuentes judiciales. En cuatro casos fue porque no se respetaron las garantías del debido proceso ya que los fallos se basaron en indicios y no en certezas, sin descripción de los hechos probatorios y hasta estuvieron fundados en la "exclusiva voluntad" de los jueces. En el restante caso directamente se violó el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que nadie está obligado a declarar en su contra. El objetado tribunal piquense está presidido por el camarista Alfredo Alonso y los vocales Tomás Esteban Mustapich y Julio Rogelio Fernández. Este último es el juez que sostuvo -contra toda jurisprudencia- que el uso de un arma en una violación es una atenuante y no un agravante porque puede "evitarle dolor y, tal vez, la muerte" a la víctima. Las fuentes judiciales calificaron de "grave" el dictado de las cinco nulidades, fundamentalmente porque se incumplieron pasos establecidos por el Código Procesal Penal para dictar una sentencia. Señalaron que ello "no es habitual" y que no ha ocurrido lo mismo con las dos Cámara en lo Criminal de Santa Rosa. Esta decisión de marcarle la cancha a los juzgadores tomó fuerza a partir de 2001 cuando la sala penal o B del S.T.J. quedó integrada por los ministros Rosa Elvira Vázquez y Víctor Luis Menéndez. Ambos fallaron en los recursos de casación de 2002, mientras que Vázquez y Eduardo Mariano Cobo lo hicieron en los de 2003 porque ese año Menéndez fue el presidente del Superior Tribunal. En la mayoría de los recursos de casación aceptados los defensores argumentaron que la Cámara no valoró todas las pruebas incorporadas en los juicios orales y públicos. El S.T.J. afirmó, entre otras cosas, que los jueces piquense no respetaron el derecho de defensa en juicio. LOS CASOS, UNO POR UNO A continuación se detallan los cinco fallos por orden cronológico: * 7 de agosto de 2002. La casación fue presentada por el abogado Augusto Lino Gómez a raíz de la condena por homicidio calificado a Omar Higinio López. El procurador Juan Carlos Gay rechazó los argumentos de Gómez. El voto de la Cámara fue fundamentado por Fernández; Alonso y Mustapich se adhirieron. El S.T.J. indicó que "la decisión adoptada (de condenar a López) no se encuentra avalada por un estudio cuidadoso y pormenorizado de la totalidad de los datos probatorios de la causa", al que consideraron "insuficiente". Agregó que "la motivación sentencial (..) a que con los elementos de prueba se acredita el hecho y la autoría del imputado, carece de una adecuada demostración porque no se han individualizado, precisamente, "los elementos de prueba'". El máximo tribunal pampeano dijo que no hubo "un relato claro, preciso y circunstanciado del acontecer fáctico". De acuerdo a Vázquez y Menéndez, el juez Fernández, al referirse a la indagatoria del López, emitió "aseveraciones subjetivas, desvinculadas de los elementos probatorios y apoyada, principalmente, en su experiencia recogida como defensor. Los numerosos informes técnicos, pruebas documentales y testimoniales (..) sólo han merecido una mínima referencia de un párrafo, quedando evidenciado el afán de subalternizar la labor defensiva, distrayendo su misión de fundar y motivar la sentencia". * 17 de diciembre de 2002. La casación fue presentada por el abogado Oscar Ortiz Zamora y la defensora general Manuela Rosales por las condenas a Jesús María Nilles y Daniel Reynaldo Ponce por robo y privación ilegítima de la libertad. Gay rechazó los pedidos de ellos. Vázquez y Menéndez declararon la nulidad de la sentencia porque "no se han descripto los datos probatorios que justificarían la conclusión asumida (...), omitiéndose suministrar la debida explicación de por qué se les ha asignado determinada significación jurídica para arribar a esa solución; cuestiones éstas ineludibles en la elaboración del documento sentencial". De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, "es condición para la validez de un fallo judicial que él sea la conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa. De lo contrario, significaría reconocer validez a fallos judiciales fundados exclusivamente en la voluntad de los jueces". Así, el pronunciamiento "queda sin sustento". La Cámara de General Pico se remitió a actos de instancias procesales anteriores para fundamentar el fallo, pero el S.T.J. dijo que "la motivación de la sentencia debe ser expresa, clara y completa. El juez tiene el deber de consignar las razones que lo deciden, expresando sus propios argumentos con relación al caso concreto tanto en hecho como en derecho". "AFIRMACIONES SUBJETIVAS" * 23 de abril de 2003. La casación fue presentada por Marcelo Petrelli contra la condena por robo calificado a Aldo René Liguera. La procuradora subrogante, Susana Montenegro, avaló el planteo de Petrelli. Vázquez y Cobo le imputaron a la Cámara piquense que decir que el imputado robó y hurtó por "la mera tenencia de las cosas, porque esas cosas fueron halladas poco después de los hechos, por su proclividad delictiva específica o porque las explicaciones de Liguera fueron más bien ridículas (...) no resultan elementos suficientes, ni una "fuente de convencimiento' que nos permita inferir tales imputaciones delictivas". "En definitiva, no existen pruebas convincentes que autoricen a partir de un juicio lógico, llegar al convencimiento de la acusación realizada con el grado de certeza necesario", agregaron. Además, los camaristas hablaron de indicios cuando en esta instancia del proceso se requieren certezas para condenar. El S.T.J. les reprochó, además, que tuvieron "sustancialmente" en cuenta para fallar contra Liguera que varios testigos dijeron que se dedicaba a robar y que conocía el movimiento comercial de la empresa (robada) porque era amigo de un empleado. "Esos indicios no sostienen razonablemente la conclusión arribada, pues no resultan ni pertinentes, ni decisivos, sino simplemente afirmaciones subjetivas de las cuales no se puede, a partir de ellas, establecer una condición de culpabilidad". Un párrafo aparte mereció la frase de la Cámara sobre "indicios a la proclividad delictiva de Liguera". "Nuestro ordenamiento penal requiere que el sujeto sea autor de un hecho; no se castigan las características personales de un sujeto", remarcó el S.T.J. * 20 de junio de 2003. El defensor general Walter Vaccaro casó la sentencia contra César Arturo Sineo por hurto calificado. Gay respaldó a Vaccaro y hasta expresó que "el razonamiento del primer votante (no se menciona el camarista) no es coherente ni conduce a la certeza, pues la puerilidad e incredibilidad invocadas no han sido suficientemente analizadas y tratadas como lo exige el ineludible respeto de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas". Vázquez y Cobo, al sostener la nulidad, arguyeron que el tribunal de segunda instancia "no realizó un análisis razonado del hecho investigado, sino más bien, una ajustada síntesis del suceso" y que lo dio por probado por lo que se había dicho en la requisitoria fiscal de elevación a juicio. En este caso el juez opinante -los otros dos adhirieron- determinó la autoría del hurto porque "tanto el ternero, como gran parte de la carne, fue hallada en poder de Sineo. Sus explicaciones (las de Sineo) no pueden ser más pueriles ni increíbles", dijo. El S.T.J. le reprochó no haber especificado el porqué de esa afirmación ni en que radicó la puerilidad y la incredibilidad. En esta causa la Cámara volvió a hablar de indicios y de "clara proclividad delictiva" y, lo que es peor, la Cámara omitió pruebas que tuvo en cuenta para fundar sus conclusiones. * 27 de agosto de 2003. Los abogados Edgardo Fresco y Marcelo Petrelli presentaron un recurso de casación contra la condena a Juan Mario Olgiatti por el delito de aborto. El procurador Gay opinó que en esa causa existió una "nulidad absoluta, no subsanable" que hasta debió declararse de oficio. El caso se abrió a partir de que un médico del hospital Gobernador Centeno, de General Pico, avisó a la policía que había atendido a una mujer confesa de haberse practicado un aborto. Esa autoincriminación le permitió a la justicia avanzar en "una investigación viciada de nulidad, pues avasalla la protección que garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional", de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. A partir de esa prueba nula, todo lo demás debe ser nulo, sostuvieron Vázquez y Cobo, de acuerdo a la "teoría del fruto del árbol venenoso", avalada por la Corte Suprema, ya que hubo un solo "cauce de investigación" que fue la declaración de la mujer. La Corte sentó jurisprudencia sobre que "no es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales, aun cuando presten utilidad a la investigación, pues ello compromete a la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficio de un hecho ilícito". Así ya había votado el ex ministro del Superior Tribunal, Ciro Lisandro Ongaro, en la "causa Stieb" el 26 de noviembre de 1997.
Hugo Lucchelli Bonadeo



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